En su momento se habló mucho de ella y, a día de hoy, sigue siendo un término mencionado con frecuencia. Se trata de la burbuja inmobiliaria, un suceso que desequilibró todo el sistema económico, elevó el paro por encima del 20% y sumió al país en una crisis sin precedentes de la que seguimos pagando las consecuencias. Pero la gran mayoría nunca comprendió cómo se llegó a este punto de inflexión que tanto nos está costando superar.
En pocas palabras, se puede definir como un incremento excepcional de los precios de las viviendas, que superó considerablemente el IPC (Impuesto sobre Precios al Consumo), sobrepasó el de las rentas y que, en algunos casos, llegó a rozar el 30%. Un verdadero cataclismo que ningún mercado podría haber resistido.
Si bien existe un debate sobre el momento en que empezó a originarse (1997, 1985 o 1991, según diferentes corrientes), lo cierto es que su final tuvo lugar en agosto de 2007 con nefastas consecuencias para el sector. Y es que resultaba prácticamente imposible, por no decir inviable, pagar el precio de unas viviendas cuyo valor crecía a una velocidad hasta 6 veces superior respecto al ritmo salarial. Y así comenzaron los embargos, desahucios, ocupaciones ilegales, la crisis económica, las fusiones, los rescates a diversas entidades y la devastadora realidad que ya conocemos.
Entre las causas se apunta al boom de la construcción de viviendas y al sinfín de irregularidades que lo acompañaron: recalificación de suelos, especulaciones, desmesura constructiva en las costas.. Situaciones que pasaron desapercibidas ya que la economía parecía crecer y se concedían créditos a diestro y siniestro sin grandes complicaciones. Así surgió la burbuja crediticia que acabó por explotar cuando los clientes comenzaron a experimentar serias dificultades para atender los pagos.
Los efectos de este conjunto de prácticas y acontecimientos fueron muy severos y condujeron a una caída del mercado inmobiliario, en el cómputo global, de más del 50%. Se sumó un fortísimo índice de abandono escolar, aumento del paro juvenil, la conocida fuga de cerebros, la nacionalización e inversión de fondos por parte del Estado y una nueva ley hipotecaria. Gracias a esta normativa se establecen unas garantías para los propietarios , se regulan los préstamos y se contempla una alternativa habitacional a precio más bajo, destinada a las personas con menores rentas desalojadas de sus viviendas. Algo positivo tenía que salir de una situación tan brutal.
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Fuente: housel, el país, housfy
